El mes pasado, un video viral que mostraba a un estudiante de la Universidad Texas A&M confrontando a un profesor por una discusión sobre identidad de género durante una clase de literatura infantil desató una tormenta en la educación superior de Texas que llevó a otras escuelas a revisar su oferta académica.
Texas A&M despidió al profesor que aparece en el video y el expresidente de la universidad, Mark A. Welsh III, renunció . Para evitar una controversia similar, el Sistema Universitario Texas Tech emitió una guía la semana pasada instruyendo al profesorado a garantizar que sus cursos cumplan con una orden ejecutiva federal, una carta del gobernador Greg Abbott y una nueva ley estatal que reconoce solo dos sexos.
El profesorado y los defensores de las personas LGBTQ+ temen que la directiva limite el debate sobre las identidades transgénero y no binarias en el aula. Advierten que las acciones de las universidades son consecuencia de una interferencia política que amenaza la libertad académica y la calidad de la educación superior en el estado.
Brian Evans, presidente de la Conferencia de Texas de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, afirmó que los administradores deben facilitar a los estudiantes el aprendizaje de la mayor variedad de temas posibles, garantizando la libertad de expresión del profesorado. Añadió que las universidades “tienen la obligación de desarrollar políticas universitarias que protejan los derechos constitucionales de su profesorado a enseñar e investigar las materias de su área de especialización sin intimidación ni censura”.
Ninguna ley prohíbe explícitamente la enseñanza de temas como la identidad de género o la existencia de más de dos sexos. Pero las universidades de Texas saben que sus cursos están bajo la lupa, con políticos y activistas revisando catálogos y programas de estudio y exigiendo cambios en cualquier material que consideren objetable.
Tras la directriz de Texas Tech, al menos tres sistemas universitarios públicos —la Universidad del Norte de Texas , la Universidad de Texas y la Universidad Femenina de Texas— han ordenado la revisión de sus cursos. Han argumentado que esta iniciativa garantiza el cumplimiento de las leyes estatales y federales. Sin embargo, UT, UNT y TWU, a diferencia de Texas Tech, no especificaron qué leyes motivaron las revisiones. Los sistemas no indicaron qué medidas tomarían sus instituciones tras las revisiones.
Las universidades públicas están obligadas a realizar revisiones curriculares según el Proyecto de Ley Senatorial 37 , aprobado este año, pero las primeras revisiones no se realizarán hasta 2027. La ley ordena a las juntas directivas examinar si los cursos de educación general son necesarios para preparar a los estudiantes para la vida cívica y profesional y garantizar una amplia gama de conocimientos. Versiones anteriores del proyecto de ley iban mucho más allá, prohibiendo que los cursos promovieran la superioridad de cualquier raza, sexo o religión, o que respaldaran políticas públicas o ideologías específicas, pero este texto se eliminó antes de su aprobación.
