El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una apelación formal ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito para poner en vigor la polémica Ley SB-4. Esta legislación busca otorgar a las fuerzas del orden locales y estatales la facultad de detener, procesar y expulsar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos desde México. El movimiento judicial coincide con un endurecimiento de la vigilancia tecnológica en la frontera sur.
Objetivos clave de la Ley SB-4
La polémica ley estatal introduce cambios drásticos en la jurisdicción migratoria, tradicionalmente reservada al Gobierno federal de los EE. UU.:
- Tipificación de delitos: Convierte el cruce irregular de la frontera en un delito estatal que va desde una falta menor hasta un delito grave con penas de hasta 20 años de cárcel.
- Órdenes de expulsión: Permite a los jueces de Texas emitir órdenes de deportación directa hacia México, sin importar la nacionalidad del migrante.
- Inmunidad legal: Brinda protección judicial y administrativa a los oficiales y agencias locales frente a posibles demandas civiles por la aplicación de esta norma.
Expansión del rastreo y vigilancia de migrantes
En paralelo a la batalla legal, el Gobierno de Texas ha intensificado el uso de recursos y herramientas tecnológicas avanzadas bajo la iniciativa de seguridad fronteriza del estado:
- Sistemas de geolocalización: Despliegue de sensores de movimiento terrestres y drones de alta definición en puntos críticos del río Bravo para seguir el rastro de grupos de migrantes en tiempo real.
- Cámaras con IA: Instalación de torres de vigilancia equipadas con inteligencia artificial para predecir rutas de tránsito e identificar patrones de cruce.
- Bases de datos biométricas: Coordinación de las fuerzas policiales de Texas para unificar los registros de detenidos y cruzar información con agencias de control migratorio.
Disputa constitucional y rechazo internacional
La apelación del fiscal Paxton busca revertir los fallos judiciales previos que han mantenido bloqueada la legislación debido a demandas presentadas por el Departamento de Justicia de los EE. UU. y organizaciones de derechos civiles.
Los opositores a la SB-4 argumentan que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, fomenta la discriminación racial y entorpece las relaciones internacionales. Por su parte, el Gobierno de México ha reiterado que se negará tajantemente a recibir a cualquier migrante deportado bajo las disposiciones del estado de Texas.
