Estados Unidos sanciona a cinco mexicanos y dos empresas ligadas a «La Línea»

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco personas y dos empresas en México, señalándolas por su conexión con «La Línea», una organización que facilita el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Este operativo fue llevado a cabo en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Gobierno de México, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Bradley T. Smith, subsecretario Interino del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó que La Línea opera cerca de la frontera, utilizando su estructura para el tráfico ilícito de drogas y personas hacia Estados Unidos. Asimismo, destacó que las acciones en conjunto con México buscan frenar el impacto de estas redes en las comunidades de ambos países.

Inicialmente formada como brazo armado del Cártel de Juárez, «La Línea» ha consolidado operaciones en Ciudad Juárez, controlando rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas. Además, extiende sus actividades al tráfico de drogas sintéticas, tala ilegal y robo de vehículos. Desde septiembre de 2023, la organización ha colaborado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para abastecerse de drogas como la metanfetamina y cocaína.

Entre los sancionados figuran líderes de «La Línea», como Josefa Yadira Carrasco Leyva y Jorge Adrián Ortega Gallegos, además de Heber Nieto Fierro, quien presuntamente participa en operaciones de lavado de dinero.

Nieto Fierro también es propietario de las empresas R.H. El Remate, S. A. de C. V. y Soluciones Tecnológicas y Paquetería Tres, S. A. de C. V., las cuales fueron incluidas en las sanciones. Otros miembros sancionados, como Jesús Salas Aguayo, supervisan actividades en distintas regiones.

Las sanciones forman parte de la estrategia continua de la OFAC contra el tráfico de drogas, la cual ha incluido en los últimos dos años a más de 350 personas y entidades involucradas en la cadena de suministro de estupefacientes.

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