El Gobierno de Japón ha aprobado este martes una histórica revisión de su normativa de exportaciones de material defensivo. En un giro radical con respecto a su política exterior, pacífica tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, esta actualización permitirá al país vender armas letales a naciones extranjeras por primera vez en 80 años. Además, la reforma incluye una cláusula que permitirá exportar armamento a países en conflicto, un cambio significativo en la Constitución pacífica que Japón dispone desde 1947.
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, anunció que su Ejecutivo dio luz verde a la medida este martes, alegando que “en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo“, si no que “necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa”. En este sentido, mencionó la posibilidad de intercambiar piezas o armas entre los países socios, “fortaleciendo la cooperación mutua” con aquellos que “se comprometan a utilizar el equipo de conformidad con la carta de Naciones Unidas”.
Hasta ahora, los controles de seguridad japoneses limitaban la exportación de material militar a únicamente cinco categorías: rescate, defensa, aviso, vigilancia y desminado. Tras la nueva decisión, las empresas del país del sol naciente podrán vender armamento como misiles o buques de guerra a 17 países con los que Japón mantiene acuerdos de cooperación en defensa, como EEUU o Reino Unido.
Armamento letal pese a una Constitución pacifista
El Ejecutivo justifica la decisión por el deterioro del entorno de seguridad y la necesidad de reforzar la cooperación con aliados. La decisión también busca impulsar la industria nacional de defensa, limitada hasta ahora a producir únicamente para las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés), y mejorar su capacidad de suministro. Según el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, esta apertura permitirá mejorar la “capacidad productiva de las empresas”, fortalecer la “base industrial y tecnológica y “contribuir a la disuasión” frente a amenazas externas.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia interna y externa. En Japón, donde la Constitución pacifista sigue siendo un pilar político. Firmada en 1947, incluye en su artículo 9 la renuncia formal a la guerra y a los actos bélicos por parte del Estado. En dicha carta, Japón defiende no usar la fuerza para la resolución de disputas internacionales. Aunque mantiene unas fuerzas armadas de facto, estas son conocidas como las Fuerzas de Autodefensa.
Este no es el primer giro militarista de Japón. Con su último plan de seguridad nacional, aprobado en 2022, las autoridades ya trazaron un bandazo sin precedentes a sus políticas defensivas, abogando por reforzar las capacidades de contraataque del país mediante un aumento del gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos.
El Gobierno de Takaichi se ha mostrado abierto a reformar la Constitución para recoger en ella el papel de sus Fuerzas de Autodefensa. Los objetivos de la primera ministra parecen estar más cerca que nunca tras su abrumadora victoria en febrero, donde la coalición que lidera logró una supermayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.
No obstante, para llevar a cabo una reforma constitucional en Japón se requiere también el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, donde la coalición de Takaichi está en minoría. La mandataria no ha presentado de momento planes concretos para llevarla a cabo.
Reacciones nacionales e internacionales
Las reacciones en el país, cuya sociedad hace gala del pacifismo heredado del siglo XX, no han tardado en hacerse notar. En un sondeo publicado este lunes por el diario japonés Asahi, un 67% de los encuestados se mostraba en contra de permitir la venta de armamento letal a otros países, mientras que Tokio viene registrando varias protestas multitudinarias en el último mes contra las pretensiones del Gobierno de Takaichi.
Este martes, mismamente, cerca de medio centenar de personas se concentraron frente a una céntrica plaza de la capital para protestar por el creciente militarismo en su país. Según recoge EFE, unos 36.000 ciudadanos se unieron el pasado domingo a una protesta contra la revisión del artículo 9 de la Constitución frente al Parlamento japonés, según los organizadores, apenas once días después de una manifestación similar que atrajo a unas 30.000 personas.
En China, la noticia ha despertado suspicacias que han incrementado las tensiones diplomáticas que Tokio mantiene con Pekín desde finales del año pasado a cuenta de Taiwán. Este martes, el portavoz del ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun ha señalado que las recientes decisiones de Japón levantan una “seria preocupación” en China y la comunidad internacional, que “permanecerá altamente vigilante” a la aceleración de la militarización japonesa.
El portavoz chino ha añadido que China se opone frontalmente a este proceso, instando a Japón a “recordar su pasado histórico” y a actuar con prudencia para evitar inquietud entre sus vecinos. No es novedad, ya que Pekín ha manifestado en los últimos años varios avisos contra ampliación del papel militar japonés en medio de las crecientes tensiones en Asia-Pacífico. Además, el Gobierno chino ha reiterado en múltiples ocasiones que, debido a su historia, Japón debe actuar con prudencia en materia de seguridad y contribuir a la estabilidad regional.
En un editorial emitido el pasado domingo, el medio estatal chino Global Times acusaba a Japón de buscar una “nueva fase de expansión militar a gran escala“. Takaichi, por su parte, lo tiene claro, y este martes defendió su postura: pese a las nuevas reglas, el compromiso de Japón de mantenerse como nación pacifista no ha cambiado, y dijo que su Gobierno “limitará las exportaciones de armas” a los países que se comprometan a respetar la Carta de las Naciones Unidas.
